Sector público
IA para la Administración pública, dentro de los límites que le son propios.
Las instituciones públicas necesitan inteligencia artificial, pero operan con restricciones mucho más estrictas que una empresa privada: seguridad, residencia de datos, protección de la información, transparencia reforzada y límites claros sobre qué decisiones no puede tomar un sistema automático. J2DIntelligence desarrolla soluciones que cumplen esas condiciones desde su diseño, en lugar de adaptarse a ellas a posteriori.
Las restricciones, una a una.
Estas son las condiciones de partida de cualquier proyecto. Las exponemos en primer lugar porque son las que descartan la mayoría de las soluciones disponibles en el mercado, y porque conviene conocerlas antes de analizar las posibilidades.
01
Esquema Nacional de Seguridad
El ENS clasifica los sistemas en categoría básica, media o alta según el impacto que tendría un fallo. Un portal de consulta puede encuadrarse en la categoría básica; la gestión de expedientes suele corresponder a la media; y cuando intervienen datos sensibles o funciones críticas, la categoría es alta y las exigencias de seguridad organizativas, operativas y de protección aumentan de forma considerable.
Esto tiene una consecuencia práctica que a menudo se advierte demasiado tarde: buena parte de las herramientas de IA que funcionan perfectamente en una empresa privada no pueden sostener los requisitos de una categoría alta. La categoría no se decide al final del proyecto, se decide al principio, porque condiciona qué se puede usar.
02
Residencia de los datos en el Espacio Económico Europeo
La información debe tratarse dentro del Espacio Económico Europeo, y eso incluye no solo dónde se almacena sino por dónde pasa: un servicio que enruta las peticiones a través de servidores fuera del Espacio Económico Europeo no cumple, aunque el almacenamiento final sea europeo.
Es la restricción que más soluciones descarta y la que menos se comprueba. Se garantiza eligiendo proveedores y regiones concretas, y se sostiene por contrato, no con una declaración en una página web.
03
Protección de datos y anonimización
El proveedor debe actuar como encargado del tratamiento en el sentido del artículo 28 del RGPD, con el contrato correspondiente. La información no puede utilizarse para entrenar modelos. Y siempre que sea posible trabajar con datos anonimizados o seudonimizados, debe hacerse: es la medida más eficaz y la que con más frecuencia se omite por conveniencia.
La anonimización de expedientes y documentación es, de hecho, uno de los usos de IA con mayor potencial en el sector público, y también uno de los que más rigor exige: un proceso de anonimización mal diseñado deja rastros que permiten la reidentificación y, en ese caso, la anonimización no es efectiva.
04
Límites en selección de personal y decisiones sobre personas
En este ámbito existen dos niveles que conviene distinguir.
El primero lo forman las prácticas prohibidas desde febrero de 2025: entre ellas, el reconocimiento de emociones en el entorno laboral y los sistemas de puntuación social. Estas prohibiciones no admiten matices ni excepciones.
El segundo lo forman los sistemas de alto riesgo del anexo III del Reglamento, que pueden utilizarse, pero con obligaciones muy exigentes: entre ellos, los que se emplean en el acceso al empleo, en la selección de candidatos, en el acceso a servicios públicos esenciales y en la evaluación de prestaciones. El Ómnibus Digital de 2026 aplazó estas obligaciones al 2 de diciembre de 2027, lo que ofrece margen de preparación, pero no exime de ninguna de ellas: el sistema que se adquiera hoy deberá cumplirlas entonces.
Nuestra posición es clara y la exponemos antes de iniciar cualquier proyecto: hay usos que no proponemos. La IA puede preparar, ordenar y documentar el trabajo de un proceso selectivo; no puede decidirlo.
05
Transparencia, explicabilidad y trazabilidad
Cuando una administración usa un sistema de IA que afecta a un ciudadano, ese ciudadano tiene derecho a saberlo y, según el caso, a entender en qué se basó la decisión. Eso exige que el sistema deje registro de qué información utilizó, qué produjo y cuándo, y que ese registro se pueda consultar y explicar meses después.
Una solución que no puede reconstruir cómo llegó a un resultado no es viable en el sector público, por eficaz que resulte. La trazabilidad no es una función añadida: es un requisito de diseño.
06
Encaje con la normativa sectorial
A todo lo anterior se suma lo que corresponda a cada ámbito: normativa de contratación, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, y las reglas propias de sanidad, educación, servicios sociales o tributos según el caso. El uso de IA no exime de ninguna de ellas.
Qué se puede hacer dentro de esos límites.
Más de lo que suele suponerse, y sobre todo en las tareas internas que consumen muchas horas y aportan poco valor añadido.
Anonimización de expedientes y documentación para su publicación, su cesión o su uso estadístico, con verificación de que el resultado no permite reidentificar.
Búsqueda y consulta sobre normativa y documentación propia. Un asistente que responde sobre ordenanzas, procedimientos, convenios e informes anteriores citando siempre la fuente, para que quien lo usa pueda comprobarlo.
Preparación de borradores de documentos administrativos repetitivos —informes tipo, respuestas a consultas frecuentes, memorias— que después revisa y firma una persona. La IA agiliza la redacción inicial; la responsabilidad sigue siendo humana.
Clasificación y reparto de la entrada. Registro, correo y solicitudes ordenados y dirigidos al área competente, con la decisión final siempre revisable.
Atención e información al ciudadano sobre trámites y plazos, con aviso explícito de que se está interactuando con un sistema automático y con derivación a una persona cuando la consulta lo requiere.
Análisis de documentación técnica en expedientes de contratación, para localizar información y comparar, no para valorar ni puntuar.
Apoyo a la elaboración de estadística e informes a partir de datos que la propia administración ya tiene.
Ninguno de estos usos sustituye una decisión administrativa. Todos liberan tiempo de las tareas de menor valor añadido.
Formación de empleados públicos.
La obligación de alfabetización en IA del artículo 4 del Reglamento no distingue entre sector público y privado: se aplica igualmente a una administración cuyo personal utiliza herramientas de IA. Y en el sector público se añade un nivel específico.
Lo que comparte con la empresa privada: qué es y qué no es la IA, dónde se equivoca, cómo se verifica un resultado y qué información nunca debe compartirse.
Lo específico del sector público: qué prácticas están prohibidas, qué usos son de alto riesgo, cómo se documenta el uso de IA en un expediente, cómo se informa al ciudadano, qué implica el ENS en el día a día y qué información puede y no puede introducirse en una herramienta no autorizada.
Con evidencia documental de qué se impartió, a quién y cuándo, en el formato que se puede aportar en una auditoría o en una fiscalización.
La formación es además la vía de entrada más sencilla al sector público, porque cabe en umbrales de contratación menores y no exige un proyecto tecnológico previo.
Cómo trabajamos con el sector público.
01
Documentación técnica para pliegos. Podemos aportar la descripción técnica, las medidas de seguridad, la gestión de riesgos y las evidencias de conformidad en el formato que el expediente necesite. Un proyecto sin la documentación adecuada no supera la fiscalización de intervención.
02
Licitaciones y contratos menores. Trabajamos por las vías habituales de contratación pública, incluidas las de menor cuantía para proyectos piloto y para formación.
03
Pilotos antes de comprometer presupuesto. Un caso de uso pequeño, medido, con la seguridad y la trazabilidad resueltas desde el primer día. Es la forma prudente de empezar y la que menos riesgo supone para quien debe defenderlo internamente.
04
Interlocución con las áreas que tienen que dar el visto bueno. Informática, protección de datos, secretaría e intervención. Es habitual que cada una plantee reservas, y resulta más eficiente resolverlas al inicio que detectarlas al final.
Qué exigir a un proveedor de IA en una licitación.
Publicamos esta lista porque resulta útil con independencia del proveedor que se contrate. Recoge los puntos que, si no figuran en el pliego, difícilmente se exigirán en la ejecución.
- Tratamiento exclusivo en el Espacio Económico Europeo, indicando regiones concretas y no solo el país de la sede del proveedor.
- Contrato de encargado del tratamiento conforme al artículo 28 del RGPD, con las garantías y los subencargados identificados.
- Compromiso expreso de no utilizar la información para entrenar modelos, por contrato y no por política comercial.
- Conformidad con el ENS en la categoría que corresponda al sistema, con la declaración o certificación que proceda.
- Certificaciones de seguridad de la información del tipo ISO 27001, y de protección de datos en la nube del tipo ISO 27018.
- Trazabilidad completa de accesos, consultas y resultados, con capacidad de reconstruir a posteriori qué ocurrió.
- Supervisión humana definida en los puntos del proceso donde la decisión tiene consecuencias, especificando cuáles son.
- Descripción técnica del sistema y gestión de riesgos documentadas, y clasificación razonada de si el sistema es o no de alto riesgo según el anexo III del Reglamento.
- Borrado verificable de la información al terminar el contrato, con constancia de que se ha producido.
- Propiedad del resultado y salida sin dependencias: código, documentación y configuración en poder de la administración, con traspaso previsto.
Si estáis redactando un pliego, podéis utilizar libremente estos criterios. Preferimos que se contrate bien, aunque sea a otro proveedor, a que se contrate mal.
Preguntas frecuentes.
¿Puede una administración pública usar herramientas de IA como ChatGPT?
Depende de la herramienta, de la versión contratada y de la información que se le facilite. Una cuenta personal o gratuita no ofrece garantías de residencia de datos en el Espacio Económico Europeo, ni contrato de encargado del tratamiento, ni compromiso de no entrenar con la información introducida, por lo que no es apta para tratar información de la administración. Las versiones empresariales o institucionales pueden cumplir esas condiciones, pero hay que verificarlo por contrato y comprobar además el encaje con el Esquema Nacional de Seguridad en la categoría que corresponda. Como referencia, la Agencia Española de Protección de Datos publicó en 2026 la primera política interna de uso de IA en el sector público español.
¿Se puede usar inteligencia artificial para seleccionar personal en el empleo público?
Con límites muy estrictos. El Reglamento (UE) 2024/1689 prohíbe el reconocimiento de emociones en el entorno laboral y clasifica como de alto riesgo, en su anexo III, los sistemas utilizados para el acceso al empleo y la selección de candidatos, sometiéndolos a obligaciones exigentes de gestión de riesgos, documentación, supervisión humana y transparencia. El Ómnibus Digital de 2026 aplazó esas obligaciones al 2 de diciembre de 2027, pero no las suprimió. En la práctica, la IA puede preparar, ordenar y documentar la tramitación de un proceso selectivo, pero no debe emplearse para valorar ni decidir sobre los candidatos.
¿Qué es el Esquema Nacional de Seguridad y cómo afecta a una solución de IA?
El ENS es el marco de seguridad obligatorio para los sistemas de información del sector público español. Clasifica los sistemas en categoría básica, media o alta según el impacto que tendría un incidente, y de esa categoría dependen las medidas de seguridad exigibles. Afecta directamente a las soluciones de IA porque muchas herramientas de mercado, diseñadas para empresa privada, no pueden sostener los requisitos de una categoría alta. La categoría debe determinarse al inicio del proyecto, ya que condiciona qué proveedores y qué arquitecturas son viables.
¿Qué significa que los datos deben tratarse en el Espacio Económico Europeo?
Significa que toda la información debe procesarse y almacenarse dentro del Espacio Económico Europeo, incluyendo el tránsito: un servicio que enruta las peticiones a través de servidores situados fuera del Espacio Económico Europeo no cumple el requisito aunque el almacenamiento final sea europeo. Se garantiza seleccionando proveedores y regiones concretas y exigiéndolo por contrato, con los subencargados identificados.
¿Cómo empezamos si no tenemos presupuesto para un proyecto grande?
Con la formación o con un piloto acotado. La formación de alfabetización en IA cubre además una obligación legal ya exigible y encaja en umbrales de contratación menores. Un piloto acotado a un caso de uso concreto, con la seguridad y la trazabilidad resueltas desde el principio, permite medir resultados antes de comprometer presupuesto y aporta argumentos a quien deba defenderlo internamente.
Analicemos vuestro caso.
Una reunión de media hora para entender vuestras necesidades, determinar la categoría del ENS aplicable y valorar si el planteamiento es viable con las restricciones existentes. Sin compromiso y con un resumen por escrito que podréis compartir internamente.